CRONICAS BAHIANAS – 280
¿Y la soberanía dónde queda?
En la revista digital Gestión, el 11 de febrero de 2026, aparece un titular de impacto:
EE.UU.: Perú pierde soberanía en el puerto de Chancay ante propietarios chinos “depredadores” - El pronunciamiento del Departamento de Estado se produce tras el fallo del Poder Judicial que limita la supervisión de Ositrán en el megapuerto.
La materia informa que la Oficina para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos expresó en su cuenta oficial ‘X’:
Preocupados por los últimos informes que Perú podría verse imposibilitado de supervisar Chancay, uno de sus puertos más importantes, bajo la jurisdicción de propietarios chinos depredadores. Apoyamos el derecho soberano de Perú a supervisar infraestructura crítica en su propio territorio. Que esto sirva de advertencia para la región y el mundo: el dinero barato chino cuesta soberanía.
La materia concluye con:
La advertencia estadounidense también se da en un contexto diplomático sensible. El embajador Navarro se reunió recientemente con el presidente José Jerí y publicó en ‘X’ una fotografía compartiendo una hamburguesa con el mandatario, bajo el mensaje: “Cambiando el menú. Compartiendo una hamburguesa americana con el presidente del Perú”.
El encuentro ocurrió semanas después de que Jerí fuera cuestionado por reuniones no registradas con el empresario chino Zhihua Yang, lo que generó investigaciones y críticas por presunta falta de transparencia.
Así, el caso Chancay - ya relevante por su dimensión económica y estratégica- adquiere ahora un componente geopolítico explícito, en un escenario donde la pugna entre Estados Unidos y China se proyecta sobre infraestructuras clave de la región.
La revista Gestión tiene razón en lo que se refiere la posición del puerto de Chancay en medio de la pugna entre Estados Unidos y China; y ya hay gente en la prensa corporativa y en las redes sociales tomando posición “en defensa de la soberanía nacional”.
¿Qué hacemos? ¿nos juntamos a los reclamos? ¿Lo dejamos pasar? ¡Están hablando de nuestra soberanía! Como diría Jack (el destripador): vamos por partes.
¿Qué entendemos por soberanía? ¿Y eso cómo funciona en el Perú? Bueno, la soberanía está definida en la Constitución Política del Perú de 1993; ella, la soberanía, reside intransferiblemente en el pueblo, emana de él y se ejerce bajo las limitaciones de la ley. El artículo 43 define al Estado como uno, indivisible, democrático, social, independiente y soberano, siendo el ejercicio del poder sujeto al ordenamiento jurídico nacional.
Nuestra Constitución desarrolla el tema, explicita que la soberanía reside en el pueblo, quien la ejerce directamente o a través de representantes, a través de los poderes públicos; en el artículo 44 define para esos poderes públicos que el deber primordial de defender la soberanía nacional, proteger a la población y garantizar la plena vigencia de los derechos humanos; también establece que la soberanía territorialmente tiene como jurisdicción el propio territorio, el espacio aéreo y el mar adyacente hasta las 200 millas, respetando tratados internacionales; y, finalmente, establece que la soberanía no es absoluta, está limitada por la Constitución, las leyes y los tratados internacionales ratificados (artículos 45 y 55). Bueno, este es nuestro parámetro básico de análisis.
Resumiendo: la competencia por el ejercicio de la soberanía es de los peruanos. Con ese entendimiento ¿Qué vela le alumbra a la Oficina para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos para opinar sobre el tema?
Pero esto no es nuevo; ya en octubre de 2023, Estados Unidos manifestó su preocupación ante el control chino de sectores estratégicos de la economía peruana, en particular el suministro eléctrico de la capital, Lima, y el megapuerto de Chancay. Esto último se convirtió rápidamente en escenario de encarnizadas batallas subterráneas. Fue así que en abril de 2024, el Organismo encargado de supervisar las inversiones en infraestructuras de transporte público (Ositran) demandó a Cosco Shipping Ports Chancay; en esa oportunidad se identificó que la demanda se originó en la opinión del bufete Olaechea, cuya cartera de clientes cuenta con grandes empresas norteamericanas como JP Morgan y General Electric.
Era evidente la existencia de un vacío legal creado por la titularidad privada del puerto; es así que un órgano del Ministerio de Transportes del Perú, formuló una demanda sobre permisos otorgados por otro órgano, también peruano, cuando se aprobó la ejecución del proyecto; es decir el Estado peruano está atravesado por diversas posiciones, reflejo de visiones geopoliticas distintas y evidentemente descoordinadas. El riesgo de mantener la soberanía continúa siendo peruano, inclusive en el caso de posibles errores. Por lo tanto, sigue sin justificación el pronunciamiento de un órgano oficial de EEUU en un asunto de competencia exclusiva peruana.
La Presidencia del Consejo de Ministros emite un comunicado donde establece:
El Terminal Portuario de Chancay, de propiedad del consorcio privado Cosco Shipping Ports Chancay Perú S.A., debe cumplir con lo establecido por el ordenamiento normativo peruano, incluyendo aquella regulación en materia de seguridad portuaria a cargo de una serie de entidades públicas como la Autoridad Portuaria Nacional (APN), la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI) de la Marina de Guerra del Perú, la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT), la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional del Perú (PNP-DIRANDRO), el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y la Municipalidad Distrital de Chancay, en el ámbito de sus competencias.
Bueno, hasta aquí queda claro que la soberanía esta resguardada, existe una disputa de competencia entre órganos nacionales, disputa que terminó en su primera instancia y, ciertamente, continuará en las instancias siguientes; nuevamente, ese es un asunto interno, donde ningún gobierno extranjero tiene injerencia.
La empresa Cosco Shipping Ports Chancay relativizó la situación; ofreció explicaciones técnicas a través de su gerente general, Gonzalo Ríos. El accionista mayoritario no hizo comentarios. El gobierno chino construye el puerto, enlaza a los pueblos, hace negocios, pero no interfiere en los asuntos internos del país (el destaque es mío).
No se puede decir lo mismo de Estados Unidos; en este caso la generala Laura Richardson, cuando todavía era comandante en jefe del Comando Sur, del ejército estadounidense para América Latina (2024), declaró: "El puerto de Chancay podría ser utilizado como una instalación de doble uso, porque es un puerto de aguas profundas. La marina china podría utilizarlo. Es un escenario que hemos visto desarrollarse en otros lugares, no sólo en América Latina". Especialistas militares opinan que la Generala exagera, un puerto comercial es totalmente diferente de uno militar.
Y ahí nomás, en noviembre de 2024, pocos días después de inaugurado el puerto de Chancay, el enviado especial para América Latina del departamento de Estado norteamericano, Mauricio Claver Carone, declaró: "Cualquier producto que pase por Chancay o cualquier otro puerto de propiedad o controlado por China en la región, debería estar sujeto a un arancel aduanero del 60%, como si fuera un producto de China. Estos aranceles deben hacer que los países piensen dos veces antes de permitir que Beijing construya un puerto en su territorio. Es una llamada de atención para todos los países que se asocian con China en infraestructura marítima".
La Asociación de Exportadores de Perú, tomó esas declaraciones con distancia: "Hay que tomarse este tipo de discurso con calma. No es muy realista. Primero porque Perú ha firmado un tratado de libre comercio con Estados Unidos y, sobre todo, porque lo que exportaremos desde el puerto de Chancay tendrá como destino final Asia, no Estados Unidos. Hemos tomado nota de estas declaraciones, pero aún no las vemos como un peligro".
La situación ha cambiado con el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, que en noviembre de 2025 hizo pública su Estrategia Nacional de Seguridad. En ese documento, en la página 5, para lo que denomina hemisferio occidental, mejor dicho, América Latina o “patio trasero”, establece:
“Queremos garantizar que el hemisferio occidental siga siendo razonablemente estable y esté lo suficientemente bien gobernado como para prevenir y desalentar la migración masiva hacia los Estados Unidos; queremos un hemisferio cuyos gobiernos cooperen con nosotros contra los narcoterroristas, los cárteles y otras organizaciones criminales transnacionales; queremos un hemisferio que siga libre de incursiones extranjeras hostiles o de la propiedad de activos clave, y que apoye las cadenas de suministro críticas; y queremos garantizar nuestro acceso continuo a ubicaciones estratégicas clave. En otras palabras, afirmaremos y aplicaremos un «corolario de Trump» a la Doctrina Monroe”.
Entonces está claro, lo que ya se practicaba normalmente, como lo muestran Richardson y Carone, ahora es política de gobierno y Trump lo ejecuta con su particular estilo matonesco y alharaquiento: hace tabla rasa de la soberanía venezolana, en busca de petróleo y otras cositas; igualmente pisotea la soberanía de Groenlandia; ataca la soberanía de Canadá; ahora intensifica la agresión a Cuba.
En el caso peruano, como tiene un gobierno que coopera, se limita, por ahora, a llamar la atención, después…veremos.
El gobierno que coopera (el peruano) tiene autorizado el ingreso de militares armados norteamericanos a territorio nacional durante todo el 2026, su presidente del Consejo de ministros declara que esta alineado con Washington, el presidente interino permite al embajador USA declaraciones sobre asuntos internos del Perú. Esto es, en mi opinión, el verdadero atentado contra la soberanía nacional.
Finalmente, debe registrarse que los últimos gobiernos peruanos han sido muy débiles en la defensa de los intereses nacionales y el actual es el peor; por ejemplo, el caso Repsol, a tres años del derrame de más de 6000 barriles de petróleo la compañía de capitales españoles propuso 18 planes de rehabilitación, todos rechazados por el Minem; la minería ilegal avanza hacia zonas donde se ubican las Líneas de Nazca, pese a las declaraciones oficiales sobre su intangibilidad, barcos de diferentes banderas, inclusive chinos hacen captura depredadora de pota (calamar gigante) y el control nacional no funciona,…la lista es larga.
Hasta breve,
Jesús Enrique Tinoco Gómez
Salvador, 13 de febrero de 2026.